Para empezar, Mariluz Sanz, presidenta de CERMIN, presentó un diagnóstico sobre la realidad que viven las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. En este sentido, hizo referencia a la explotación de la información contenida en el “Informe sobre violencia de género hacia las mujeres con discapacidad” a partir de la Macroencuesta 2015 (Fundación CERMI Mujeres) que pone de manifiesto que en todos los tipos de violencia (física, psicológica, ya sea emocional o de control, económica y sexual) las mujeres con discapacidad tienen un riesgo 10 puntos porcentuales superior de ser víctimas de violencia que las mujeres sin discapacidad. Igualmente, se demuestra que por el hecho de tener una discapacidad no sólo tienen más prevalencia sino que la violencia que sufren es mayor y tiene más duración en el tiempo. Esta cuestión se acentúa si se trata de una discapacidad grave. 

 

Asimismo, Sanz puso sobre la mesa también otras formas de violencia que no aparecen contempladas en la Ley y que sin duda alguna se ejercen desde el paradigma patriarcal contra las mujeres con discapacidad. En palabras de la presidenta, “nuestras mujeres de manera muy especial se enfrentan a la práctica de esterilizaciones forzosa y a abortos coercitivos. Además, no se pueden pasar por alto las situaciones que viven las mujeres con discapacidad institucionalizadas, ya que tienen frecuentemente un mayor riesgo de ver violados sus derechos (violencia sexual principalmente) y cuentan con menos posibilidades de ejercitar los mecanismos de protección jurídica al uso”. 

 

En este sentido, aludió a la responsabilidad de las administraciones públicas para garantizar el derecho de visita y comunicación, el de confidencialidad, o el derecho a la intimidad, entre otros.

 

En cuanto al impacto que ha tenido el desarrollo de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres con discapacidad, se reconocen algunos avances que se han llevado a cabo gracias a la colaboración entre CERMIN y el Instituto Navarro de Igualdad (INAI). Entre otras cuestiones, se citaron: mejoras en accesibilidad, la formación sobre discapacidad impartida por parte de CERMIN a profesionales que se dedican a la intervención directa de mujeres víctimas de violencia de género, el diseño del protocolo específico para la atención de mujeres con discapacidad víctimas de violencias de género, etc. Sin embargo, se trasladó a los parlamentarios la preocupación de CERMIN por el hecho de que las mujeres con discapacidad no llegan a estos recursos. 

 

En este sentido, Sanz opina que es urgente y necesario que los poderes públicos implementen medidas para paliar esta situación. En la misma línea, defiende el obligado cumplimiento de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal, para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres con discapacidad en el uso de recursos públicos dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Por último, Edurne Jáuregui presentó un decálogo para la mejora de la atención de mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género, basado en las propuestas realizadas por parte de la Fundación CERMI Mujeres para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.